Equipo editorial de Servir al Pueblo
El Salto ha informado recientemente que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha propuesto una sanción económica de 5.000 euros para este medio, así como la obligación de censurar varios artículos en los que se explica la infiltración policial en movimientos sociales y organizaciones políticas. El Salto es el cuarto medio que se enfrenta a tal represión por parte del Estado, tras los casos de La Directa, como Vilaweb y Diari de Balears. En conjunto, las sanciones suman más de 30.000 euros.
El Salto denuncia públicamente “este procedimiento como una represalia por haber destapado la práctica ilegal de espionaje policial a la disidencia política.” Además señala que la AEPD “no cuestiona que las informaciones sean fidedignas y precisas, pero obliga a eliminar a los medios afectados todas las imágenes (a pesar de haber sido tratadas para dificultar su identificación) contra sus propias recomendaciones previas, las iniciales de los nombres verdaderos de los funcionarios, igualmente frente a sus criterios habituales, las identidades ficticias usadas por los agentes investigados e incluso las referencias a sus coartadas para infiltrarse (datos irreales y ajenos a protección alguna), así como la promoción en la que salieron licenciados de la Academia de Ávila y cualquier referencia sobre su pasado, formación, opiniones suyas o de sus familiares.”
No debemos sólo destacar la represión y solidarizarnos con los medios que han puesto de manifiesto tales infiltraciones (que también es importante), sino que este artículo da en el clavo en un aspecto fundamental: el Estado no cuestiona las informaciones, es decir, de forma implícita admite que ha infiltrado policías, sus identidades, así como detalles sobre estos agentes de las fuerzas represivas. De esta forma el gobierno admite torpemente lo que ha hecho durante años, el gobierno “más progresista de la historia” infiltró ilegalmente agentes, manipuló a decenas de personas, incluso emocionalmente, y ahora protege a las fuerzas represivas, protege una actuación al margen de toda legalidad burguesa, y ataca a los medios y a la libertad de información. Este gobierno continúa mostrando su verdadera cara, para que no haya dudas de cara a la farsa electoral que está por llegar. Y cuando hablamos de este gobierno, no sólo nos referimos al PSOE, sino a sus cómplices, anteriormente Unidas Podemos, ahora Sumar, en el futuro, la forma que tome el Frente Amplio. No nos queda otra opción que elevar la vigilancia contra estos cómplices del Estado burgués, ahora y en el futuro. Esto significa “votar al mal menor” o votar “para parar el fascismo”: que el día de mañana cualquier activista puede estar conviviendo con policías nacionales infiltrados ilegalmente por el gobierno al que ha votado. Ni este gobierno ni ningún otro nos ayudará a frenar la reaccionarización, sino que son sus promotores, lo han sido siempre y lo seguirán siendo.
