Equipo editorial de Servir al Pueblo
El Consejo de Ministros aprobó, este martes 27 de enero, el Decreto Ley mediante el cual se podrá regularizar la situación de más de medio de millón de personas. A la medida se podrán acoger los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y a personas que llevaran un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025. Otro de los requisitos es no contar con antecedentes penales ni suponer «una amenaza para el orden público». Igualmente, la permanencia en España podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.
Las condiciones de vida de los migrantes en situación irregular
Las personas migrantes en situación irregular, comúnmente llamados “sinpapeles”, llegan a España después de un largo y penoso viaje. En el mejor de los casos, se gastan todos sus ahorros (o incluso los ahorros familiares) para tener una oportunidad de futuro, escapando de la guerra, el genocidio o el hambre. En el peor de los casos, son recibidos a golpes, encarcelados, deportados ilegalmente (las “devoluciones en caliente” con las que la ONU y la UE denunciaron a los sucesivos gobiernos de España) o directamente asesinados, como ocurrió en la masacre de la Valla de Melilla el 24 de junio de 2022. Y todo esto si consiguen superar la travesía. Solo el año pasado murieron más de 10.000 migrantes ahogados tratando de llegar a nuestras costas. Una media de 30 personas al día. Un crimen invisible perpetrado por la política migratoria del Estado español.
Si superan el viaje y llegan a España, las condiciones de vida son de todo salvo buenas. Estas personas son objeto de una superexplotación inhumana que, en muchas ocasiones, roza la esclavitud. Los patronos se aprovechan de la condición administrativa irregular de los migrantes para rebajar las condiciones laborales, chantajeándolos con entregarles a la policía si no aceptan sus abusos. Jornadas infinitas, salarios bajos y libertad personal reducida a la mínima expresión, son el día a día de miles de trabajadores migrantes en situación irregular. La persecución, detención, encierro en los “Centro de Internamiento para Extranjeros” (los CIE, las cárceles para extranjeros donde se comete tortura y se violan los derechos humanos) y posterior deportación a sus países de origen es el destino que les depara, si el patrón les entrega a la policía.
Como hemos dicho muchas veces, la opresión imperialista profundiza la violencia patriarcal. Esto ocurre cuando las personas irregulares son mujeres. No son pocos los casos en que el patrón no solo las explota económicamente, sino que las fuerza y viola sistemáticamente aprovechándose del desequilibrio de poder. Esto ocurre especialmente en el sector de los cuidados (empleadas del hogar) y en el campo (jornaleras). En el pasado, Jornaleras en Lucha de Huelva y la Sindical Obrera Andaluza ha denunciado este tipo de casos.
No ha sido gracias a Podemos: la regularización es una conquista de la organización y movilización popular
La regularización a casi medio millón de personas es algo positivo. Les quita una losa de la espalda, una cruz que llevaban a cuestas cientos de miles de personas. Los patronos ya no les podrán amenazar con llamar a la policía, con la prisión o la deportación.
La socialdemocracia, con Podemos a la cabeza, trata de ponerse la medalla y hacerse valer como “útiles” para los movimientos sociales. La regularización se ha firmado en los despachos, pero es una conquista obtenida en la calle. El movimiento“¡Regularización Ya!” lleva organizando movilizaciones y acciones coordinadas en todo el país durante años, y ha recogido más de 700.000 firmas exigiendo la medida. También lo han hecho las organizaciones antirracistas, que han difundido su discurso contra la política migratoria del Estado español. Muchas de las organizaciones de masas, desde los sindicatos hasta las plataformas vecinales, pasando por colectivos de barrio, se han organizado directa o indirectamente contra la Ley de Extranjería. Y muy especialmente contra los centro de exterminio, los CIE.
Estamos ante un gobierno que vende armas a Israel, que ejecuta desahucios diariamente, que aumenta el gasto militar de forma camuflada, que permanece en la OTAN, que mantiene presos políticos, que no deroga la Ley Mordaza, que permite a la patronal explotar a sus anchas, que legisla sobre la vivienda por y para los bancos, los fondos buitre y las empresas de desokupación, y un largo etcétera. Y lo más importante, sobre el tema del que estamos hablando: no ha modificado ni un ápice la Ley de Extranjería. Es más, han profundizado la burocracia de algunos procesos administrativos. A nadie se le escapa que “el gobierno más progresista de la historia” no son hermanitas de la caridad, sino simples gestores de la máquina de guerra y explotación que es el Estado imperialista español. La socialdemocracia nunca ha gobernado para la clase obrera, sea nativa o migrante, y nunca lo hará.
Firman el decreto de regularización porque se encuentran en una crisis de legitimidad y porque el movimiento de masas les ha obligado a hacerlo. Después de ir escándalo tras escándalo, crisis tras crisis, el gobierno no tiene ningún plan de permanencia. Es un gobierno desgastado y en crisis permanente, pero la crisis de la democracia burguesa es tan grande, que sus rivales parlamentarios están igualmente desgastados. Todos los partidos al servicio de la burguesía lo están.
La regularización de casi medio millón de migrantes es un balón de oxígeno para la clase obrera migrante. Pero hay que desechar cualquier ilusión de que la situación mejorará por sí sola, y seguir luchando.
El problema sigue teniendo una doble perspectiva. Por un lado, los que se acogen a la medida, podrán tener papeles, pero los problemas de explotación, racismo y acoso policial no cambia en lo fundamental. Hay que elevar la organización, especialmente hacerlo al margen de la socialdemocracia. Por otro lado, cada mes seguirán llegando miles de migrantes a España, y estos no se podrán acoger a la regularización. El problema urgente de la regularización se soluciona temporalmente para medio millón, pero varios miles, el problema continuará. Y cada vez serán más en esta situación.
La política migratoria del imperialismo español
El gobierno no tiene intención de cambiar la Ley de Extranjería. De hecho, ningún gobierno en la historia de la democracia burguesa española lo ha modificado para bien. La política migratoria (con la Ley de Extranjería como epicentro de la vergüenza) está en el adn del Estado imperialista español.
El imperialismo español se desmoronaría en mil pedazos si no pudiese explotar salvajemente al tercer mundo. El imperialismo consiste, precisa y resumidamente, en eso. Un pequeño número de corporaciones imperialistas dirigen sus países controlando el aparato estatal, para repartirse el mundo como quien se reparte un pastel y así explotar a miles de millones de personas, causando hambre, pobreza y genocidio por el camino.
La migración desde los países pobres (oprimidos) hacia los países ricos (imperialistas) es un proceso natural. No le dejan otra salida a los miles de millones que tratan de buscarse la vida en tierras extranjeras. El discurso xenófobo y antiinmigración, promovido desde las propias cúpulas de los Estados imperialistas, es falso en su objetivo último. No quieren frenar la inmigración, sino todo lo contrario. Lo que quieren es endurecer las condiciones de vida de los migrantes para explotarlos más. Cuando los imperialistas financian a grupos abiertamente fascistas, a grupos mediáticos, a lobbys de presión o a la ultraderecha parlamentaria, no es para expulsar a los inmigrantes, sino para deshumanizarlos. Que no se consideren seres humanos. Crear un clima racista para dividir a la clase y cometer sus crímenes con mayor impunidad. Que la clase “nativa” sienta indiferencia por los crímenes que se cometen contra los migrantes, o incluso que piensen que se lo merecen.
La política del imperialismo es la que está llevando adelante el PSOE con sus socios, no la que quiere aplicar Vox. Ya ha habido regularizaciones en el pasado, dos del PP (2000 y 2001) y cuatro del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Esta es la política del imperialismo: regularizar cada cierto tiempo, pero nunca cambiar la política migratoria.
Si algún día gobernase Vox, nunca cumpliría lo que prometen de “echar a todos los ilegales”. No es posible la remigración porque va en contra de los planes del imperialismo español. Así que mientras Vox defienda eso, nunca gobernará. Y si algún día gobernara, dejaría de defender esa medida. Mientras tanto, cumple con su papel necesario: promover el discurso antiinmigración para dividir a la clase y generar las condiciones políticas para profundizar la militarización del Estado. Así debemos entender las últimas declaraciones de José María Figaredo, en las que dice que el gobierno “odia a los españoles y por eso están en un intento desesperado para reemplazar a la población de España”, difundiendo las tesis nazis del Gran Reemplazo.
La lucha antirracista está necesariamente vinculada a la lucha contra el imperialismo. Para acabar con el racismo estructural y combatir la creciente reaccionarización de la sociedad, debemos reforzar la lucha antiimperialista. El racismo estructural es causado por el imperialismo español y las políticas migratorias que aplican a través de su instrumento político, el Estado imperialista. Organizarse contra el racismo conlleva, inequívocamente, organizarse contra el Estado imperialista, contra el gobierno de turno que lo gestiona y contra todos sus lacayos.
