Compartimos este artículo que ha sido publicado en el blog Contramutis

La activista saharaui de DDHH Aminetu Haidar sufrió “un calvario” en los aeropuertos de Dajla y El Aaiún
La activista saharaui de Derechos Humanos Aminetu Haidar, a la que las autoridades de ocupación marroquís impidieron viajar a España desde Dajla el 21 de enero, lo que finalmente consiguió hacer por El Aaiún, sufrió un “calvario” en los aeropuertos de las dos ciudades, informa Sáhara Press Service (SPS).
La defensora de los DDHH no pudo tomar el avión en el que se iba a desplazar con su hija a Madrid para una cita médica al negarse a un chequeo, control al que no se había sometido a ninguna otra mujer del mismo vuelo.
Haidar, que salió de El Aaiún el día 25 hacia Las Palmas de Gran Canaria, dijo que el “calvario” que sufrió en los aeropuertos de Dajla y la capital del Sáhara Occidental “es parte inseparable de la política marroquí de silenciar las voces saharauis que exigen el derecho de autodeterminación, subrayando que “los intentos de someterla a un registro humillante constituyeron una clara forma de grave violación de la dignidad humana”.
Que se le impidiera viajar por razones poco convincentes, a pesar de poseer toda la documentación legal necesaria, asegura “expone, una vez más, la hipocresía de la retórica oficial marroquí, que dice respeta los Derechos Humanos, mientras que las prácticas represivas contra los saharauis, especialmente los defensores de DDHH, continúan sin cesar”.
Para la activista saharaui “su posterior liberación no fue resultado de ninguna obligación legal por parte de las autoridades de ocupación marroquíes, sino que se debió a una creciente presión internacional después de que su caso fuera objeto de una condena generalizada por parte de organizaciones de DDHH, figuras políticas y medios de comunicación de todo el mundo”.
Según la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) que Haidar pudiera embarcar finalmente con destino a España “después de varios días de obstáculos e intimidaciones impuestos por las autoridades de ocupación marroquíes, es el fruto de la inquebrantable firmeza de Aminetu, que se negó a someterse a un control discriminatorio y humillante”, “así como de la movilización masiva y solidaria, tanto a nivel nacional como internacional, desencadenada ante este nuevo acto arbitrario de la potencia colonial”.
AFAPREDESA denuncia “las prácticas sistemáticas de acoso, control arbitrario de los desplazamientos y violación de los derechos fundamentales que sufren los saharauis en los territorios ocupados, y muy especialmente los defensores y activistas de Derechos Humanos.
“Impedir a una ciudadana saharaui —galardonada con prestigiosos premios de DDHH, incluido el Right Livelihood, y figura reconocida mundialmente— acudir a una cita médica urgente constituye no solo un acto de persecución política y una violación flagrante del derecho a la libre circulación, sino también un grave obstáculo al derecho a la salud y el derecho a la vida misma”, concluye.
La Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS), por su parte, considera que las medidas arbitrarias contra Aminetu constituyen una clara violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho de toda persona a la libertad de circulación.
La UNMS insta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a los mecanismos especiales de las Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales de DDHH a “intervenir urgentemente para supervisar la situación de los Derechos Humanos en los territorios saharauis ocupados y poner fin a la impunidad”.
Las mujeres saharauis insisten en que Marruecos ha persistido, e incluso aumentado, “sus crímenes atroces contra civiles saharauis, incluidos asesinatos, torturas, arrestos y detenciones arbitrarias. ejecuciones extrajudiciales, deportaciones forzadas y desplazamientos, así como destrucción, saqueo, robo y confiscación de propiedad privada, además de ataques militares contra civiles”.
Subrayan que la protección del pueblo saharaui es responsabilidad de la ONU, que debe hacer cumplir sus resoluciones sobre el derecho de autodeterminación.

