Corresponsal en Madrid
A tan solo 14km del centro de Madrid existe un barrio sin suministro eléctrico, internet o servicios de limpieza ni transporte público. Se trata de la Cañada Real y, como hemos explicado en anteriores artículos, esto no se debe a un error ni a una casualidad. Es una estrategia del Estado para expulsar a los vecinos y utilizar sus terrenos para especular con la vivienda. Prueba de ello son los proyectos de Valdecarros, los Berrocales, los Ahijones y el Cañaveral, que se han extendido hasta ser prácticamente limítrofes. La Cañada Real limita la expansión de este tipo de proyectos y, por tanto, los monopolios financieros buscan borrarla del mapa, sirviéndose para ello de las distintas administraciones del Estado, que está a su entera disposición para imponer sus intereses. De este modo, cuando estos proyectos comenzaron a acercar sus límites a la Cañada Real, entorno a los años 2000, el Ayuntamiento de Madrid pasó del simple abandono del barrio a trabajar activamente por desalojar a sus habitantes.
Al ver que existía una gran resistencia popular y que la vía de la fuerza bruta no serviría, poco a poco se tornó a una estrategia de asedio continuado, negando sistemáticamente cualquier servicio a la Cañada Real, estigmatizando a sus habitantes y promoviendo el acoso policial constante con tal de empeorar tanto las condiciones de vida que los vecinos se fueran “por su propio pie”. En el mejor de los casos, a los vecinos que se marchan se les ofrece acceder a un piso con contrato temporal en alguna localidad a decenas de kilómetros de la ciudad. En la mayoría de los casos, no se les ofrece absolutamente nada.
Así, tal y como se reconoce en le Pacto Regional por la Cañada Real de 2018, el objetivo es desmantelar completamente el Sector 6, para lo cual, en 2020 se cortó la luz y en 2025 el internet, por no hablar de la ausencia de servicios de limpieza en las calles o transporte público. Podríamos escribir cientos de páginas explicando cómo cada uno de los aspectos de la vida de los vecinos se ven afectados por estas políticas de limpieza poblacional, pero en este caso nos centraremos en cómo el verano y el calor son aprovechados por el Estado para intensificar la presión sobre ellos.
Temperaturas extremas dentro y fuera de casa
Es muy común (cada vez más) que las temperaturas en verano se acerquen o superen los 40ºC en Madrid, convirtiendo las horas centrales del día en un auténtico infierno para quienes no pueden buscar refugio. En el Sector 6 de la Cañada Real, no hay electricidad para ventiladores o aire acondicionado más allá de los pocos vatios que puede suministrar una placa solar. Muchas casas no se han acondicionado para disipar el calor en verano, por lo que, de facto, no existe refugio que valga. Los vecinos están obligados a soportar el calor, ingeniándoselas como puedan para mitigarlo.
La forma más simple de lograrlo es usar agua, bebiéndola, mojando los alrededores de la casa con una manguera o montando pequeñas piscinas para los niños… excepto porque hay zonas de la Cañada a las que no llega agua, o llega a cuentagotas. La mayoría de casas del barrio fueron conectándose a las tuberías cuando sus dueños las construyeron, sin que el Estado se preocupase nunca por asegurar el suministro a todos los habitantes. A esto hay que sumarle que cuando derriban una casa porque han conseguido expulsar a una familia, la policía y los equipos del ayuntamiento dejan los escombros en el lugar, sin preocuparse tampoco de taponar las fugas de agua, lo que contribuye a bajar la presión total en la tubería, tal y como nos cuentan los propios vecinos.
Como resultado de todo esto, en verano la presión es tan baja que hay zonas del Sector 6 a las que no llega agua, o llega un pequeño hilo durante el día en el mejor de los casos, obligando a las familias a racionar el agua durante las olas de calor. El nulo mantenimiento también provoca cortes puntuales del suministro, como el que dejó a 7 casas sin agua a principios de julio de este año. Ante esta situación, el Comisionado de la Cañada Real -el cargo designado por el ayuntamiento para “gestionar” el barrio- dijo que no podía hacer nada para restablecerlo. El Estado, al parecer, es incapaz de hacer cumplir un derecho tan básico como el acceso al agua. La única propuesta que recibieron estas familiar fue de parte de la Cruz Roja, y consistía en pagar ellas mismas unos tanques de agua para que un camión las rellenase con agua no potable algunos días de la semana.
Viendo que nadie más ofrecía una solución real, la campaña Cañada se Queda -nacida precisamente para luchar por el derecho de los vecinos al territorio en el que viven- se movilizó, realizando entrevistas entre los vecinos para estudiar el funcionamiento del sistema de tuberías y el posible origen del corte y recaudando fondos para comprar tanques de agua potable para las casas afectadas. Un grupo de voluntarios de la campaña instaló 3 tanques en las casas y los propios vecinos acabaron encontrando el origen de una de las averías.
Más cargas sobre los hombros de las mujeres
Otro problema asociado al calor y a la falta de electricidad es la conservación de los alimentos. Las familias de la Cañada están obligadas a comprar únicamente lo que van a consumir en el corto plazo para que no se estropee por la falta de refrigeradores, lo que obliga a hacer muchas más compras a la semana (en invierno hace tanto frío en las casas que los alimentos se conservan sin necesidad de electricidad). Sin embargo, el supermercado más cercano está a unos 40 minutos a pie, por lo que si no disponen de coche, deben caminar bajo el Sol y con carga todo este camino. Por supuesto, esto afecta especialmente a quienes soportan la carga del trabajo doméstico, es decir, a las mujeres.
En general, la falta de servicios afecta con especial crudeza a las mujeres, ya que son las que realizan más tareas domésticas y por tanto pasan más tiempo en la Cañada. Otro ejemplo es el cuidado de los niños. Con el verano y las vacaciones, las mujeres deben combinar sus tareas habituales con el cuidado de sus hijos durante todo el día, ya que no hay ningún lugar donde dejarlos. Este cuidado es aún más complicado cuando no hay agua corriente, ni luz, ni ofertas de ocio, ni pediatras cerca. Todas las tareas con las que cargan las mujeres son más duras bajo las condiciones que el Estado impone en la Cañada Real. En otras palabras, el Estado se sirve del patriarcado para profundizar sus políticas de expulsión, con lo que al mismo tiempo lo refuerza.
Los incendios como arma contra los vecinos
Por último, pero posiblemente lo más grave de todo, está el riesgo de los incendios. Durante años las administraciones se han negado a limpiar las calles de toda la Cañada, permitiendo la acumulación de basura y plantas secas. Han prohibido retirar los escombros de las casas derribadas para que no puedan ser reconstruidas, han negado cualquier reacondicionamiento de las viviendas para retirar materiales inflamables y cualquier tarea de prevención de incendios y obligan a usar cocinas de gas al no haber electricidad. Todo esto es un gran caldo de cultivo que cada año provoca múltiples fuegos y que cada vez entraña un peligro mayor de que un gran incendio arrase con una gran parte de la Cañada y sus familias, que es lo que parece buscar el Estado.
De nuevo, ante la pasividad de las instituciones -que en realidad parece más bien planificación- desde Cañada se Queda también se han comenzado a lanzar iniciativas para reducir el riesgo de los incendios. En primer lugar se contactó con bomberos concienciados que acudieron para asesorar y planificar las tareas de prevención y a continuación e levantaron brigadas de voluntarios que acudieron para comenzar a limpiar las calles de combustibles. En estas acciones participaron activistas de los movimientos de vivienda, estudiantil y revolucionario y, aunque el alcance de estas acciones todavía es limitado, ha supuesto cierto impacto, pues es la primera vez en años que acuden personas de fuera para realizar este tipo de tareas. En el pasado los ayuntamientos de Madrid y Rivas han llegado a negar a los trabajadores de limpieza y del cuerpo de bomberos acudir a la Cañada incluso cuando ellos lo han pedido.
Este verano ya ha habido dos grandes incendios en la Cañada: el primero sucedió en julio y quemó una gran extensión de pasto seco en los alrededores, quedándose a escasos metros de las casas. El segundo ocurrió a principios de septiembre y llegó a quemar una franja de unos 100 metros de hierba también en las afueras, la fachada de varias casas y al menos tres fincas, pero afortunadamente solo afectó a casas de ladrillo y no alcanzó las partes más inflamables. Aún así, si la situación se mantiene, es cuestión de tiempo que un gran incendio llegue a los tejados de plástico y madera, a las grandes acumulaciones de desechos, a los almacenes, las plantas secas o a algún coche y, entonces, sucederá una tragedia.
Con esto no buscamos sembrar el pesimismo ni ser sensacionalistas. La prensa burguesa ya se encargará de culpar a los propios vecinos, al narcotráfico o a las “catástrofes naturales” de lo que pueda suceder. Es necesario que el lector conozca la verdad, que es que es el Estado el que con sus acciones (e inacción) empeora y pone en riesgo la vida de los habitantes de la Cañada Real, y que el motivo de esto es que los monopolios financieros (en los que se incluye a los urbanísticos) no pueden aceptar que exista una comunidad a las afueras de Madrid que vive en casas autoconstruidas, que pone límite a la especulación inmobiliaria y que demuestra estar dispuesta a todo para plantarles cara.
