Compartimos la traducción de un artículo publicado originalmente en portugués en el diario A Nova Democracia
El gobierno yanqui baraja clasificar al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Rojo (CV) como “organizaciones terroristas” para intervenir aún más en Brasil
La trampa tendida por el imperialismo yanqui coloca al gobierno federal oportunista en una peligrosa posición defensiva para sí mismo. Al verse obligado a defender la legalidad de la Ley Antiterrorista, que exige motivación política para tal clasificación, el gobierno abre un flanco a la retórica de la extrema derecha de que es “pro-bandido”
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El imperialismo yanqui, bajo el mando del cánido Donald Trump, prepara una de sus más peligrosas ofensivas contra la soberanía nacional brasileña de las últimas décadas. Informaciones provenientes directamente de las entrañas de Washington confirman que la administración del Gran Satán, EE. UU., concluyó las evaluaciones técnicas para clasificar al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Rojo (CV) como “Organizaciones Terroristas Extranjeras” (FTO, por sus siglas en inglés). El movimiento, encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, ya superó los dictámenes burocráticos y aguarda únicamente el aval político final para ser oficializado y llevado a ratificación en el Congreso yanqui, lo que puede ocurrir en menos de dos semanas.
Esta clasificación no es un mero cambio de nomenclatura; es la fabricación de un “cheque en blanco” para mayor intervención y chantajes políticos, económicos y militares. “Posiblemente usarán esto como pretexto para justificar eventuales medidas de intervención política y militar directa en Brasil, aunque no exista respaldo legal. Por el contrario, en los marcos del derecho internacional existen límites muy claros que se aplican a la posibilidad de actuación de EE. UU. dentro de Brasil”, afirmó Thomaz Delgado de David, doctorando y maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de São Paulo (USP), en entrevista con Brasil de Fato.
Al etiquetar a grupos civiles brasileños involucrados con el tráfico de drogas como “terroristas”, EE. UU. desplaza el enfrentamiento de la esfera jurídica a la esfera de la guerra. En la práctica, el Pentágono puede pasar a considerar bases, rutas e incluso áreas urbanas con presencia de estas organizaciones como objetivos militares legítimos, ignorando las fronteras nacionales para perseguir lo que designa como “terroristas”. Semanas después de que el Cártel de los Soles fuera designado como terrorista, EE. UU. intensificó ataques contra barcos en la costa sudamericana, lo que culminó en el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, en enero de este año.
Esta retórica ignora deliberadamente que tales organizaciones brasileñas están orientadas al lucro mediante el comercio ilícito de drogas y otras mercancías, además de la explotación territorial en algunos casos, lo que no se encuadra en la propia definición fascista de “terrorismo” de la legislación brasileña. Se trata, por lo tanto, del absurdo del absurdo. La verdadera motivación detrás de esta ofensiva no reside en una preocupación por la seguridad pública brasileña, sino en el intento de una mayor dominación del subcontinente.
La eventual clasificación del PCC y del CV como organizaciones terroristas extranjeras por parte de EE. UU. creará una trampa financiera sin precedentes para Brasil. Como Washington no incluye individualmente a todos los miembros de estas organizaciones en sus listas, las instituciones financieras brasileñas se verán obligadas a adoptar un estado de vigilancia total y arbitraria. Para Jorge Lasmar, coordinador del posgrado en Estudios de Terrorismo y Crimen Transnacional de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, “ante la posibilidad de sanciones en Estados Unidos, el riesgo para los bancos aumenta significativamente. Según las reglas [norte]americanas, cualquier empresa con la que usted tenga relaciones debe ser verificada para saber si está sancionada. E incluso si no está sancionada, es necesario verificar si el 50 % de ella pertenece a alguna entidad sancionada”.
El peligro reside en la elasticidad del concepto de “apoyo material”. En la legislación yanqui, proporcionar entrenamiento, servicios o incluso apoyo logístico a una entidad etiquetada como terrorista constituye un delito federal. Si un banco brasileño fuera considerado negligente en sus procesos de “conozca a su cliente”, podría ser responsabilizado civil y penalmente por EE. UU.
“Esto dificulta mucho el trabajo de las instituciones financieras. Las estructuras societarias crean capas precisamente para dificultar la detección. Cada institución tendrá que evaluar su riesgo de exposición al mercado [norte]americano. Esto puede volver los procesos más costosos, más demorados y llevar a un mayor rechazo de contratos financieros”, afirma.
A diferencia del lavado de dinero, donde se busca ocultar el origen del capital ilícito, el financiamiento del terrorismo, para EE. UU., se centra en la finalidad. Bajo esta óptica imperialista, incluso recursos lícitos pueden ser confiscados si el destino final es un grupo designado por Washington. Esto crea un “lavado de dinero al revés”, donde el Estado monitorea la finalidad política de los gastos. Para Brasil, esto significa que cualquier movimiento popular o grupo político que EE. UU. decida vincular al terrorismo —como ya intentan hacer con la resistencia campesina— podrá tener sus bienes congelados inmediatamente, sin necesidad de una condena previa en el poder judicial brasileño, bastando una comunicación al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) para atender las exigencias de cumplimiento normativo yanqui.
Brasil en la mira de la “Doctrina Trump”
El movimiento yanqui es una pieza clave de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (noviembre de 2025) y de la Estrategia de Defensa Nacional (enero de 2026), que buscan expulsar la influencia de China y de Rusia en América Latina, ampliando su dominación en países estratégicos del subcontinente. Como Brasil es el mayor socio comercial de China en la región, el gobierno de Trump utiliza la bandera del “narcoterrorismo” para mantener al país con una correa corta e impedir que se aleje del eje de subordinación total a EE. UU.
El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal del ABC, Gilberto Maringoni, señala que Washington utiliza el “combate al narcoterrorismo” como un biombo para forzar a Brasil a realinearse plenamente con su eje, sancionando cualquier acercamiento comercial o tecnológico con los rivales orientales de los yanquis. O el gobierno brasileño se alinea militarmente con la Casa Blanca, o enfrentará sanciones económicas y la amenaza de intervención directa.
“Dejarían de ser tratados como grupos del crimen organizado y pasarían a la esfera política. Aunque en algunos casos la frontera sea tenue, el cambio volvería a Brasil vulnerable a intervenciones por parte de Washington, mediante la imposición de acuerdos asimétricos, libre tránsito de fuerzas militares de EE. UU. en territorio nacional y el sometimiento de acciones represivas locales a leyes estadounidenses”, afirma.
EE. UU. “nunca más permitirá que potencias extranjeras nos roben o amenacen nuestra soberanía en nuestro propio hemisferio”, dijo el caníbal Trump a comienzos de enero, horas después del secuestro de Maduro. “Bajo nuestra nueva Estrategia de Seguridad Nacional, la dominación norteamericana en el Hemisferio Occidental nunca más será cuestionada”.
La extrema derecha implora por la invasión yanqui
El Departamento de Guerra de EE. UU., a través de figuras como Joseph Humire —subsecretario adjunto de Defensa y lacayo de primer orden de la doctrina de seguridad yanqui— intenta hacer prosperar la tesis fantasiosa de que el Primer Comando de la Capital (PCC) posee “vínculos comprobados” con el grupo libanés Hezbolá. Humire, que monitorea a Brasil con la lupa de la contrainsurgencia, señala la Triple Frontera como un “centro de convergencia del terrorismo”, utilizando sanciones del Departamento del Tesoro contra individuos en la región para dibujar un escenario de amenaza global.
El subsecretario vocifera que las instituciones brasileñas son “débiles” y que la corrupción es “elevada”, justificando así la necesidad de una “represión [norte]americana eficaz” allí donde supuestamente falla el aparato del Estado local. La incomodidad yanqui reside en el hecho de que Brasil no reconoce a Hezbolá como grupo terrorista, lo que limita la aplicación de las leyes de excepción que Washington tanto aprecia.
En este tablero, el Comando Sur de EE. UU. ha intensificado reuniones con generales de las fuerzas represivas de América del Sur para imponer acuerdos de “cooperación” asimétricos. Un ejemplo es el acuerdo militar firmado con Paraguay en diciembre de 2025, que permite el libre tránsito de tropas yanquis en el país vecino bajo el pretexto de “combatir al PCC”. En Brasil, para que el plan avance, los yanquis cuentan con el apoyo de la extrema derecha rabiosa brasileña. El senador y aspirante a Führer tupiniquim, Flávio Bolsonaro, entregó personalmente a una comitiva de Trump un dosier elaborado por las secretarías de seguridad de São Paulo y Río de Janeiro, solicitando la clasificación de las organizaciones PCC y Comando Rojo (CV) como terroristas.
Otros entreguistas, como Guilherme Derrite, conocido por comandar masacres contra el pueblo en la Baixada Santista, y Cláudio Castro, verdugo de los complejos de la Penha y el Alemão, imploran por la injerencia del FBI (Oficina Federal de Investigaciones) y de la DEA (Administración para el Control de Drogas) en territorio nacional. Buscan transformar a Brasil en una filial del “Plan Colombia”, donde el combate a las drogas sirvió para masacrar campesinos y opositores políticos, destruir la soberanía nacional y debilitar la integridad territorial.
El gobierno oportunista queda rehén de la retórica “antibandido”
La trampa tendida por el imperialismo yanqui coloca al gobierno federal oportunista en una defensiva peligrosa para sí mismo. Al verse obligado a defender la legalidad de la Ley Antiterrorista, que exige motivación política para tal clasificación, el gobierno abre flanco a la retórica de la extrema derecha de que es “pro-bandido”. El miedo a ser etiquetado como cómplice del crimen ha dejado al oportunista Luiz Inácio sin capacidad de dar una respuesta decisiva frente a la ofensiva de la extrema derecha.
El ministro Mauro Vieira, en llamadas desesperadas al secretario de Estado yanqui, Marco Rubio, intenta ganar tiempo sugiriendo que la decisión espere al encuentro presencial entre Lula y Trump. Sin embargo, analistas como el profesor Jorge Lasmar señalan que Brasilia se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad. El gobierno de Trump ya ha tomado la decisión y ha preparado la documentación para el Congreso yanqui, tratando a Brasil no como socio, sino como un territorio que debe ser disciplinado. La negativa de Brasil a aceptar la etiqueta de “narcoterrorismo” es aprovechada para justificar medidas unilaterales que pueden incluir ataques quirúrgicos y secuestros políticos.
La lucha por la tierra en la mira del imperialismo
El plan del imperialismo para Brasil incluye la exportación del modelo de barbarie de El Salvador. Miembros o colaboradores del PCC y del CV presos en territorio yanqui, o capturados en operaciones transnacionales, serían trasladados al Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot), una prisión de máxima seguridad conocida por la violación sistemática de derechos y por torturas. Según asesores de Washington, la medida serviría para “desalentar” el crimen, pero analistas y movimientos populares advierten sobre el riesgo real de banalización. Al volver el término “terrorismo” elástico, el viejo Estado brasileño y su tutor yanqui podrán utilizar esa misma estructura para aplastar movimientos democráticos y opositores políticos.
Como advierte el profesor Rafael Seixas Santos, esta clasificación crea instrumentos para la “actuación extraterritorial”, volviendo al país vulnerable a intereses estratégicos de otras naciones bajo el pretexto político-diplomático del combate al crimen. “En la práctica, la tipificación por sí sola no impone una intervención extranjera, pero puede servir de pretexto político-diplomático. Si existen pedidos de cooperación militar o designaciones externas por potencias extranjeras, se abre margen para la presión internacional”, afirma.
Históricamente, el imperialismo y gobiernos lacayos en América Latina han utilizado el combate al tráfico de drogas para perseguir y criminalizar movimientos revolucionarios de masas de lucha por la tierra y guerrillas, como en el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en Paraguay y, en Perú, el Ejército Guerrillero Popular (EGP) dirigido por el Partido Comunista del Perú (PCP), que dirige una Guerra Popular. En Brasil, Jair Bolsonaro llegó a acusar a la Liga de los Campesinos Pobres (LCP) de ser “una organización terrorista”; asimismo, el excomandante de la Policía Militar de Rondonia, coronel Braguin, en 2025, formuló en numerosas ocasiones la misma acusación, aun sin respaldo legal para tales afirmaciones.
El estado de Rondonia, bajo el gobierno del reaccionario coronel Marcos Rocha, vio el número de asesinatos cometidos por la policía saltar de 8 a 47 casos en apenas un año, un aumento brutal del 488 %. Este salto no es coincidencia, pues Rondonia es el principal escenario de la resistencia campesina encabezada por la LCP. Las fuerzas de represión actúan allí como pistoleros uniformados del latifundio, utilizando el pretexto del “combate al crimen” para realizar ejecuciones sumarias e intentar frenar la Revolución Agraria.
Al etiquetar el “dominio territorial” como acto terrorista, el imperialismo y sus lacayos locales preparan el terreno para clasificar las ocupaciones de tierra y los campamentos de campesinos pobres como “células terroristas”. Esta maniobra busca aislar políticamente a los movimientos que luchan contra el latifundio, retirándoles las garantías legales y exponiéndolos a una represión aún mayor, ahora adiestrada bajo manuales de contrainsurgencia del Pentágono.
