Reproducimos este artículo publicado en el Heraldo Rojo
El lunes 18 de mayo estallaron protestas combativas contra el gobierno en La Paz, capital de Bolivia, cuando manifestantes chocaron con la policía antidisturbios y exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quién ha estado en el cargo sólo durante 6 meses. Las protestas estallaron debido a diversas demandas como el aumento de salario para los profesores, protestas contra los precios del combustible y la galopante inflación, así como protestas por parte de campesinos indígenas contra la Ley 1720, que busca concentrar aún más la propiedad de la tierra. El gobierno ya ha retirado la propuesta de ley.
A Nova Democracia (AND) informa sobre manifestaciones combativas en las que obreros y campesinos, entre ellos el grupo de los “Ponchos Rojos” lucharon durante más de dos horas contra las fuerzas policiales e intentaron romper las barricadas policiales para entrar en la Plaza Murillo, donde se concentran el Ejecutivo y el Parlamento. Al mismo tiempo, mineros y otros obreros avanzaron por otras calles para acceder a esta zona. Los manifestantes quemaron un coche y el gobierno fue forzado a evacuar toda la zona. Las fuerzas represivas dispararon gases lacrimógenos contra las marchas, pero las masas usaron todo tipo de materiales como escudos para protegerse del ataque. Las masas lanzaron piedras, explosivos y usaron todo lo que estaba en su mano para responder contra el ataque estatal.
La Asociación de Nueva Democracia (Nuevo Perú) informa que campesinos incendiaron un retén policial en La Tranca de Chaguaya, departamento de La Paz, el jueves 21 de mayo.
Campesinos indígenas tomaron otro retén policial Villa Tunari y bloquearon el Aeropuerto Internacional de Chimoré.
Diferentes medios han informado sobre más de 100 detenidos y 50 heridos, entre ellos 11 policías. De momento al menos cuatro personas han muerto en las protestas. El Estado boliviano está optando por la represión en un intento inútil de parar las protestas masivas y combativas que están ocurriendo. El fiscal general ha emitido una orden de detención contra Mario Argollo, dirigente del sindicato más grande de Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB), acusado de terrorismo e incitación al delito. También hay órdenes de detención para otros 24 dirigentes sindicales y campesinos implicados en la organización de las protestas.
La represión desatada por el Estado boliviano no ha detenido la lucha de las masas, y estas últimas han impuesto un bloqueo que afecta a La Paz desde hace días, impidiendo la entrada de suministros y tropas. El Estado ha desplegado hoy un enorme convoy de vehículos blindados y tropas en un intento por romper el bloqueo.
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Hemos informado sobre protestas anteriores que removieron el país, como aquellas que hubo entre diciembre de 2025 y enero de 2026 contra el Decreto 5503 anunciado por Rodrigo Paz. El pueblo boliviano mostró su fuerza al bloquear el país entero durante 25 días, bloqueando más de 70 carreteras y golpeando lugares económicos de interés estratégico.
