Equipo editorial de Servir al Pueblo
Imagen de cabecera: movilización en Barcelona en protesta por el comercio con Israel desde el puerto de la ciudad. Fuente: Presos
A principios de julio las organizaciones solidarias con Palestina RESCOP y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel emitieron un comunicado denunciando que el puerto de Barcelona “se ha convertido, desde octubre de 2023, en la principal vía de tránsito hacia Israel de MTBE, un componente de la gasolina. Un flujo estructural de unas 40.000 toneladas al año que reembarca producto extranjero hacia el puerto de Haifa”. No es sólo relevante a nivel cuantitativo, sino también cualitativo, pues las organizaciones informan que “en el 2025, Barcelona fue el primer origen declarado de éteres ante la aduana israelí, con cerca del 39 % de todas las importaciones israelíes de esta partida, por delante de Francia y Chipre.”
Este componente para la fabricación de combustible tiene varios usos importantes para el Estado de Israel: “es un aditivo indispensable para que los motores de gasolina funcionen correctamente: eleva el octanaje y mejora la combustión.”, siendo también usado para mantener “en marcha el parque de vehículos de gasolina de un Estado que puede usarse para coches particulares, vehículos militares o policiales (…)”. Además los impuestos derivados del comercio aportan más de 700 millones de euros a las arcas del gobierno genocida dirigido por Netanyahu.
Esta es sólo una muestra más de la hipocresía y las falsedades del gobierno que se autodenomina el más progresista de los que hemos tenido, y que además se erige como el gran defensor de la causa palestina. Actualmente se debate el seno de la Unión Europea la prohibición de relaciones comerciales con los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, ante lo que el Estado español, se erige como punta de lanza en esta iniciativa junto con otros gobiernos como el irlandés, neerlandés o noruego.
Pero ¿cuál es la política real de la burguesía monopolista española respecto a Israel? Diversos colectivos denuncian que dos años después del registro de la proposición de ley de reforma de la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, sigue sin aprobarse y el plazo de enmiendas continúa abierto. La reforma establecería un nuevo marco jurídico que facilita la imposición de embargos militares automáticos a los Estados investigados por crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidios. Esta es una dinámica habitual: vistosos anuncios en prensa y en la arena internacional, palabrería, pero falta de acciones en la política real.
Por otra parte, incluso varias empresas israelíes han presumido recientemente de exportar productos de los territorios ocupados en Cisjordania al Estado español, saltándose las restricciones del gobierno, que impone restricciones a los productos procedentes de territorio sirio y palestino ocupado por el Estado de Israel. Field Produce Marketing, Hadiklaim y Agrifood Marketing son las tres firmas que venden dátiles y frutos secos al mercado español, según publicitan a través de sus páginas web. De esta forma se colabora con las nuevas ocupaciones que incluso violan la ley burguesa internacional y muestra la podredumbre de la “solución de los dos estados”, proclamando la viabilidad de la coexistencia entre la “Autoridad Palestina” y el Estado de Israel, a la vez que financian la progresiva ocupación de territorio palestino y robo de tierras en Cisjordania y la Franja de Gaza.
El Ministerio de Hacienda se niega a facilitar datos sobre esta cuestión, ocultando de nuevo la realidad sobre estos hechos. A su vez, organizaciones propalestinas denuncian que los embargos del gobierno al Estado de Israel tienen graves deficiencias para su aplicación práctica, pues los embargos se basan en la procedencia del producto, pero en muchos casos, se entiende como procedencia del producto u origen de la producción, el lugar donde se etiquetó el producto en cuestión. Por poner un ejemplo práctico: se podría producir aceite de oliva bajo supervisión israelí en territorio ocupado en Cisjordania; se podría embotellar para luego enviarlo a Turquía, Líbano, Egipto, Chipre u otro país cercano. Allí se realizaría el etiquetado y por tato el producto sería de procedencia turca, libanesa, egipcia, chipriota o lo que sea. Así, el producto procedente de territorio ocupado por parte de Israel, superaría el embargo comercial y llegaría a territorio español para su comercialización. Otro método común es poner en el etiquetado, “Israel”, sin decir que parte de su territorio es. Vale la pena notar, que para todo demócrata y antiimperialista, todo territorio bajo el nombre de “Estado de Israel”, es en realidad territorio palestino ocupado, ya que la existencia de tal Estado es ilegítima y representa una ocupación ilegal de territorio desde los años 40.
