Equipo editorial de Servir al Pueblo
El pasado 23 de septiembre el Estado español ejecutó, bajo las órdenes de la inmobiliaria Urbagestión, el desahucio de Maricarmen, una señora de 87 años. Maricarmen, que tiene 50% de discapacidad reconocida, llevaba 70 años viviendo en aquel piso del barrio del Retiro. Este era el cuarto intento de desahucio que enfrentaba, y a pesar de las más de 400 personas que acamparon en su puerta y resistieron pacíficamente, la Policía Nacional acabó entrando en el domicilio de Maricarmen y expulsándola de su casa. Salió en camilla, muy debilitada físicamente, y después de ser expulsada de su casa acabó ingresada en el Hospital Gregorio Marañón.
La noticia se extendió muy rápidamente por los medios de comunicación y en las redes sociales, generando un gran descontento entre las masas de todo el Estado, y particularmente en Madrid. Ahí, en la capital, esa misma tarde fue convocada una manifestación a la que acudieron, al menos 10.000 personas, según las fuentes del Gobierno. La movilización pasó frente al nuevo piso de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (aprovechando el nuevo escándalo político, ya que fue comprado por 6,3 millones de euros con dinero público). Lejos de apagarse, las movilizaciones se extendieron por muchas ciudades como Zaragoza, València, Barcelona, Alicante… También se convocó una nueva manifestación el 26 de septiembre en Madrid.
El caso de Maricarmen no es el único. Ese mismo día y en la misma ciudad, en el proletario barrio de Vallecas (a muy pocos kilómetros del desalojo de Maricarmen), la Policía Nacional ejecutaba el desahucio de David y su hijo. Dos días antes, Olga se suicidó en l’Hospitalet de Llobregat tras ser desahuciada.
La ciudad de Madrid (aunque la situación es general en todo el país) se ha convertido en inhabitable para la clase trabajadora. El precio de la vivienda ha subido un 12,5% entre abril y julio, siendo el 15º trimestre consecutivo de subida. El metro cuadrado ha subido 260 euros en el último año y la vivienda protegida un 5%. El 17 de septiembre, la vivienda alcanzó su récord histórico, y seguramente, habrá alcanzado un nuevo récord cuando el lector esté leyendo esto. Estos casos, y los cientos que suceden al día, muestran una realidad que no se puede continuar negando: los viejos métodos de lucha basados en el pacifismo y la resistencia no violenta, son métodos de lucha caducos.
Hay que abandonar el pacifismo
El Estado imperialista español reprime a las masas con violencia, y no duda en emplear todo lo que está a su alcance. En todos y cada uno de los lugares, las fuerzas represivas del Estado (Policía Nacional, autonómica y/o judicial, la Guardia Civil, los jueces y fiscales…) aplican la violencia contra el pueblo. Reprimen a los trabajadores, y se ceban especialmente con las masas con mayor vulnerabilidad (las provenientes del Tercer Mundo, es decir, los migrantes trabajadores provenientes de América Latina, África, Asia y Europa del Este). Ya sea en el movimiento vecinal o en el movimiento ecologista, en el movimiento antifascista o en el sindical, en el movimiento propalestino o antiimperialista, el gestor de turno del Estado imperialista (el gobierno supuestamente de “izquierdas” y “progresista”) gobierna en beneficio de los monopolios, esa clase de grandes capitalistas que no son otra cosa que parásitos.
Es necesario señalar algunas cuestiones sobre esto. En primer lugar, la lucha por la vivienda es lucha de clases, es la lucha contra el capital monopolista que, a través de entidades financieras, empresas inmobiliarias y fondos buitre, trata de extraer las máximas rentas posibles de los trabajadores incrementando por todos los medios posibles el precio de la vivienda. El capital monopolista -a veces también llamado capital financiero- domina todas las áreas de la economía: la inmensa mayoría de las empresas que existen son, de una forma u otra, apéndices suyos. A través de la economía también domina la política: los medios de comunicación, los partidos burgueses y todas las instituciones del Estado sirven a sus intereses. Esto es lo que explica por qué ni el PSOE, ni ningún gobierno que nazca de las elecciones de esta democracia burguesa, vaya a realizar una sola medida contra los grandes capitalistas. ¡Gobiernan para ellos!
Entre 2017 y 2026, se han ejecutado más de 600.000 desahucios entre los judiciales y los administrativos. A pesar de la promesa que hizo en 2019 el PSOE, de que “con un Gobierno socialista no habrá más desahucios sin alternativa habitacional”, la cifra de desahucios se ha mantenido. Desde la pandemia sanitaria de la Covid-19, se han ejecutado entre 30.000 y 35.000 desahucios al año. El 70% de ellos, vinculados al impago del alquiler.
Pensar que a través de la vía electoral se puede promover un cambio real en la situación de las clases populares respecto a la vivienda, es una ilusión en la que cada vez menos personas creen. Así lo demuestran las miles de personas que han salido a la calle por el hartazgo ante la situación.
El caso de Maricarmen ejemplifica cómo los dos grandes partidos políticos del Estado imperialista (el PP y PSOE), aquellos sobre los cuales se sostiene toda la política parlamentaria, están muy alejados de servir al pueblo. Se demuestra hasta qué punto la política burguesa está alejada de los intereses de las masas.
Por un lado y desde el PP, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estuvo esa misma semana en el foro del fondo buitre BlackRock, negó que existiera una crisis de la vivienda en Madrid. Ayuso se limpia las manos y acusa al Gobierno de España del PSOE de instrumentalizar la vivienda para “desviar la atención de la situación en Ceuta”. La madrileña, primero de todo, oculta su participación en los desahucios que ocurren frente a sus múltiples casas pagadas con el dinero de los trabajadores. Ayuso actúa como si no tuviera nada que ver con ellos.
Segundo, intenta darle la vuelta a la situación en Ceuta. Como si el gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE y Sumar no tuviera las manos manchadas de sangre por el asesinato de casi 150 migrantes ahogados en Ceuta. Como si el gobierno no tuviera la responsabilidad de los pogromos y cacerías racistas que ha promovido durante las últimas semanas.
El PSOE, por su parte se ha limitado una vez más a hacer declaraciones vacías. Pedro Sánchez ha culpado a la Comunidad de Madrid de lo sucedido, como si el drama de la vivienda solo existiera en Madrid. La Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García, ha ido más allá y ha declarado sobre el desalojo de Maricarmen: “un día muy dramático, se evidencian las consecuencias de la especulación salvaje y de ponerle alfombras rojas a los buitres y a los especuladores”. ¿Quién es el responsable, según la Ministra de Vivienda, de “poner alfombras rojas a los buitres” si no ella misma?
Dos enemigos del movimiento por la vivienda: la represión y las falsas ilusiones parlamentarias
El sistema político español – como el de todos los Estados imperialistas en la actualidad – atraviesa una grave crisis. Una crisis transversal y que afecta a todos los aspectos del Estado: deslegitimación de las elecciones burguesas, desconfianza en las instituciones “democráticas”, nula credibilidad de los gobiernos…
Cada vez es más difícil formar gobiernos estables y los proyectos políticos de la burguesía son más volátiles e inestables. En abril de 2025, Servir al Pueblo publicó un artículo en su sección de teoría en la que se explicaba esta crisis:
La crisis y descomposición del imperialismo español afecta a todas las facetas de la sociedad española contemporánea. Si el imperialismo español está en crisis, forzosamente lo están también sus instrumentos e instituciones. Por eso el Estado español está en crisis, porque el Estado es el instrumento político por excelencia de los imperialistas. Ante su pujante crisis, los imperialistas militarizan el Estado con la esperanza de que una mayor represión evitará que el proletariado desarrolle sus luchas, para finalmente, arrebatarle el poder político.
La militarización del Estado es la respuesta de los imperialistas a su crisis, es el proceso de profundizar la represión con el objetivo estratégico de conjurar la revolución. La militarización del Estado no es solo un proceso militar donde el Estado incrementa la potencia de sus fuerzas represivas (policías, ejército, tribunales, cárceles), sino que el proceso de militarización también incluye la progresiva negación de los derechos demoliberales (libertad de expresión, de creencia, de reunión, de movimiento, etc.) y la tendencia a la reaccionarización y fascistización de la sociedad, con la propagandización y normalización de ideas reaccionarias en la vida pública.
(…)
En definitiva, la crisis del Estado se plasma como crisis de la democracia burguesa, del parlamentarismo y los gobiernos burgueses, de desconfianza de las masas, de la tendencia a luchas de masas más grandes y combativas, de contradicciones entre las facciones monopolistas y entre los monopolios y la pequeña burguesía. Todo esto en una creciente pauperización de la clase: tasas de pobreza, pobreza infantil, riesgo de exclusión social y otros “indicadores sociales” burgueses, cada vez más estructurales y preocupantes.
Ante su incapacidad de seguir dominando como antes, los monopolios necesitan que el Estado sea mucho más represivo que antes, por un lado, y trata de renovar los métodos de engañar a las masas, por otro.
De esta forma, a medida que el caso del desahucio de Maricarmen ha ido ganando notoriedad mediática, hemos visto el lamentable espectáculo de los politicuchos de la socialdemocracia y la “izquierda” parlamentaria. Todos quieren sacar rédito electoral de ello, como si no fuesen corresponsables de la política de vivienda del Estado. Todos hacen grandes esfuerzos por capitalizar el caso y convertirse en los protagonistas de todo el asunto.
Así, tenemos a Irene Montero y otros cargos de Podemos buscando desesperadamente la foto en primera fila. En vídeos que ellos mismos han subido, aparece Irene Montero preguntando a los policías antidisturbios por su responsable, como si esta actuación se saliese de la norma, como si no se ejecutasen desahucios con la misma o más violencia todos los días, incluyendo cuando ella era ministra y su partido formaba parte del Gobierno.
Enrique Santiago, Secretario General del Partido “Comunista” de España (el falso PCE arrebatado por el revisionismo), también parece creer que la memoria de las masas es corta y ha querido aparecer también en fotos en las protestas que rodeaban al desahucio. Lo cierto es que nosotros no olvidamos que su falso PCE también ha formado parte del Gobierno y que incluso los propios miembros de este partido han llegado a desahuciar a familias. Por ejemplo en julio de 2024, un militante del PCE, Fernando Harto de Vera, expulsó a una familia de la infravivienda de 30m2 que alquilaba en Vallecas por 500 euros a mes.
Tampoco se deben olvidar las miles de familias de los Sectores 4 y 5 de la Cañada Real que sufren a diario el acoso del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, gobernado por Izquierda Unida, que ha llegado a cortar la luz, el agua y caminos, a amparar abusos policiales y a derribar casas sin dar alternativa habitacional a las familias.
De una forma u otra, los representantes de la burguesía tratan de hacer creer a las masas que pueden resolver el problema de la vivienda por ellas, que no hace falta luchar porque las soluciones existen dentro de este sistema. Otra muestra de esto son los “filántropos” como James Rhodes, que dice haberse ofrecido a comprar Urbagestion y pagar el alquiler de Maricarmen. Independientemente de las intenciones de esta persona, el problema de la vivienda no se puede solucionar mediante donaciones de los ricos cada vez que un caso se hace lo suficientemente mediático, solo admite una solución: la lucha colectiva.
Si algo ha demostrado el desahucio de Maricarmen de forma cristalina, es que la clase trabajadora solo puede confiar en su propia lucha para resolver el problema de la vivienda, y especialmente, que esta lucha es necesariamente violenta. No hay otro camino.
No hay lugar para el pacifismo. Un desahucio ya es de por sí una acción en la que el Estado hace uso de la violencia para expulsar a una familia de su casa. En este caso, más de 400 personas se sentaron frente a la puerta de la casa para tratar de impedirlo, pero la policía no dudó en usar la fuerza para sacarlas. ¿Por qué debería el pueblo, entonces, dudar en usar la fuerza para imponer sus intereses? Si los grandes capitalistas utilizan la violencia contra el pueblo, este debe responder con la misma violencia.
La historia ha demostrado una y otra vez que los derechos solo pueden ser conquistados mediante la fuerza de los oprimidos contra los opresores. Cada derecho conquistado se ha arrancado de la lucha. Sin embargo, aún hoy, cuando la situación es peor que nunca, hay quienes se empeñan en hacernos creer que todavía se puede alcanzar una solución reeditando el enésimo proyecto socialdemócrata o usando los viejos métodos de resistencia no violenta.
La situación de la vivienda es insostenible, el pueblo exige luchar y es el momento de tomar las calles, de buscar nuevas formas de lucha y de romper la barrera del miedo.
