Se las llevó el Estado

Equipo editorial de Servir al Pueblo

Es peligrosa la memoria del pueblo para un Estado que se levanta sobre los huesos de los valientes. Los mismos verdugos que nos los arrebatan, sueñan con el olvido y la ceguera colectivas, con que dejen de pronunciarse sus nombres, con que deje de señalarse su ejemplo. Sueñan con retratos en carteles que quedan descoloridos por el sol y la lluvia, con que nadie se sienta heredero de sus luchas, con que nadie sienta su mismo dolor, su misma rabia y su mismo sentido de la justicia. Si creen que los hijos del pueblo olvidaremos, en efecto, sueñan.

Entre los años 2012 y 2023 alrededor de 210 mujeres activistas y luchadoras han sido asesinadas en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. También se han registrado en este mismo lapso 228 intentos de asesinato y más de 35.000 agresiones contra mujeres activistas según la Iniciativa Mesoamericana de mujeres defensoras de los Derechos Humanos. De esas agresiones registradas el 45% -que sea públicamente conocido- provienen de actores estatales (cuerpos policiales, autoridades locales, departamentales, provinciales, nacionales o federales y fuerzas militares).

Sus asesinos y atacantes lo hacen bajo la protección o iniciativa del mismo Estado que los respalda, que pretende aleccionar con su violencia ejemplarizante a las miles que se levantan contra la opresión, las que luchan contra el expolio y el parasitismo de los países imperialistas, contra el latifundio, contra la miseria, contra la desigualdad y la discriminación. Buena prueba de ello es el aplastante porcentaje de agresores que quedan impunes tras un proceso judicial o ni tan siquiera tienen que enfrentar uno.

En México, el 98,5% de los ataques contra activistas quedan sin castigo, y en Colombia, solo 6 de los 219 asesinatos contabilizados entre 2009 y 2013 han tenido sentencia judicial. En Brasil el 92% de los asesinatos a activistas no se resuelven.

La violencia patriarcal como otra forma de represión política

Bajo las reglas del sistema patriarcal, las situaciones a las que se enfrentan las mujeres activistas y militantes políticas son especialmente sangrantes. No solo son susceptibles de ser receptoras de violencia machista en tanto a que son mujeres, o a sufrir persecución política en relación a su activismo, sino que la propia violencia machista es empleada como una forma más de represión política contra ellas.

Según el informe “Violencia Feminicida en Cifras América Latina y el Caribe”, publicado por la CEPAL, más de 4.000 mujeres mueren cada año a causa directa de la violencia patriarcal. Si miramos más allá de esta arrolladora cifra de asesinatos- que por las condiciones difícilmente reflejará con rigurosidad la magnitud del problema- las cotas de desigualdad son abrumadoras, las formas de agresión innumerables, incluyendo aquellas tan cruentas como las agresiones sexuales, esclavitud sexual -que padecen las mujeres latinoamericanas tanto fuera como dentro de sus países de origen- o la directa acción del Estado legislando en contra de su libertad reproductiva, como ocurre en numerosos países del continente.

Las mujeres del pueblo padecen esta lacra en cada rincón del mundo, lejos de resignarse contra ella también se levantan, organizando la rabia. Miles de mujeres en América Latina engrosan las filas de los movimientos de masas que luchan contra la voracidad del imperialismo y contra la violencia del Estado, lideran las organizaciones de defensa de los derechos democráticos y movimientos de liberación nacional, se enfrentan a las corporaciones y los monopolios, a fuerzas policiales y paramilitares. Son el vivo ejemplo de la rebelión, y esto las coloca en el punto de mira.

El Estado con sus múltiples tentáculos se sirve de cualquier técnica para sofocar su lucha: amenazas, intimidación, campañas de desprestigio, agresiones físicas, secuestros, desapariciones forzadas, tortura, violaciones o asesinatos. Todo vale con tal de aplacar la organización de las masas.

En el contexto de una sociedad patriarcal las mujeres activistas se enfrentan además de todas las formas generales de violencia a las que se somete al pueblo organizado a formas específicas de violencia y tortura, especialmente hablamos de violencia sexual y atentados contra la salud reproductiva.

Los muros de las prisiones ocultan historias de puro terror, humillaciones impuestas a las mujeres en un intento por quebrarlas. Desnudez forzada o negación de productos de higiene íntima, verbalizando insultos y amenazas relacionadas con su físico o utilizando la sangre menstrual como objeto de burla y denigración.

Existen decenas de testimonios de tocamientos genitales, violaciones múltiples, simulación de ejecuciones, mutilación genital o abortos forzados. Así emplea el Estado la violencia sexual y reproductiva contra las mujeres como método de tortura, de las formas más despiadadas y sin ningún límite, infligiendo un gravísimo dolor físico o intentando romper psicológicamente a través de ella a las mujeres que son detenidas. Incluso después de su misma liberación se atestigua su puesta en libertad en lugares alejados y solitarios socialmente percibidos como peligrosos para las mujeres, como última forma de castigo.

En Brasil, solo el 55% de las mujeres agredidas verbaliza a una institución pública, familia o amigos, la violencia que sufre. En Argentina, la cifra cae hasta el 25%. En Chile, ronda el 20%. En México, el 15%; en Honduras, el 13%; y en Ecuador, el 10%.

Además, del pequeño porcentaje de mujeres que denuncian a la policía, muchas menos son las que sobreviven. El informe reconoce solo el 20% de las mujeres que denuncian “violencia física, sexual o psicológica” a la autoridades, viven un año más. Entre el 70% y 90% de las mujeres encuestadas, según el país, creen que denunciar a la policía no les servirá de nada, cuestión que es lógica considerando que son ellos mismos quienes ejercen también esta violencia.

Una vez más nos queda bien claro que el Estado, hecho a la medida de los monopolios, no sólo no protege a las mujeres del pueblo de la violencia del patriarcado, no solo legisla contra su libertad, no solo se lucra de su explotación, sino que emplea la misma violencia patriarcal como forma de sometimiento.

Memoria y legado

De nuevo, sueñan los verdugos si piensan que el nombre de las desaparecidas y las asesinadas no resuena en la memoria del pueblo.

Recordamos a Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas dominicanas que se oponían a la dictadura militar de Rafael Leónidas Trujillo. Las “hermanas mariposa”, como se las conoce, fundaron el Movimiento Revolucionario 14 de junio. Fueron perseguidas por la dictadura de Trujillo, torturadas por la policía, apedreadas y asesinadas el 25 de junio de 1960. El Estado, aupado por los monopolios extranjeros para frenar el ascenso revolucionario en América Latina, quiso humillarlas y aleccionar a todas las mujeres del país. No les sirvió.

Helenira Resende fue una militante comunista brasileña que, después de iniciar su andadura política en el movimiento estudiantil y entrar y salir de prisión, se alistó en la Guerrilla de Araguaia contra luchar contra la dictadura militar. El 29 de septiembre de 1972, fue herida en el curso de una acción de guerrillera y detenida por los militares. Tras negarse a entregar la ubicación de sus compañeras, fue torturada salvajemente y finalmente asesinada. Sus restos nunca fueron encontrados. Helenira fue un símbolo de heroísmo y resistencia, símbolo que pervive a día de hoy.

Berta Cáceres era una reconocida líder indígena hondureña y ecologista, defensora de los derechos del pueblo lenca. Luchó contra los megaproyectos imperialistas que saqueaban el país. Fue asesinada en 2016 por paramilitares bajo órdenes del CEO de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), una empresa monopolista yanqui. En un discurso antes de morir, dijo: “La bala muere al detonarse. La palabra vive al replicarse”. La lucha en Honduras no ha parado desde entonces.

Remís Carla fue una una líder estudiantil y firme revolucionaria brasileña. Participó en todas las grandes jornadas de lucha del pueblo, también en las tomas de tierra de los campesinos pobres y en las construcción de Escuelas Populares en las áreas revolucionarias de la LCP. Fue asesinada en 2017 por un ex-novio, alentado por la impunidad que le daba el Estado. Esto confirmó, siendo condenado su asesino a tan solo ocho años y saliendo de prisión a los tres. El pueblo no olvidó. Sus compañeras de lucha declararon: “repetimos nuestra promesa, este crimen no quedará impune”. El asesino fue encontrado muerto el 1 de julio de 2024 con varios disparos de arma de fuego.

Sandra Domínguez fue una luchadora mexicana, defensora del pueblo indígena ayuuk y activista feminista. Sandra destapó una red de tráfico de imágenes de mujeres indígenas desnudas entre políticos y altos funcionarios mexicanos, donde se encontraban Donato Vargas, Juan Heliel Hernández y Rolando Vásquez. El Estado la hizo desaparecer forzosamente el 4 de octubre de 2024. Siete meses después, su cadáver apareció en una fosa común. Revolucionarios mexicanos anunciaron que exigirían justicia.

Julia Chuñil era una líder mapuche que defendía el derecho de su pueblo a vivir en su tierra ancestral. Julia se oponía a las política agraria y medioambiental del Estado chileno, que estaba entregando la tierra mapuche a las grandes corporaciones imperialistas extranjeras. A finales de 2024, fue desaparecida forzosamente por el Estado. El abogado, escandalizado al descubrir la verdad, reveló el secreto de sumario y filtró lo ocurrido: los terratenientes la quemaron. Días después de conocerse, hubo fuertes protestas y levantamientos en todo Chile.

Las que hoy siguen luchando saben que desafiar a las corporaciones, a los terratenientes, a los monopolios y al gobierno puede tener un muy alto precio, que quizá un día salgan de casa y ya no regresen jamás.

Pero también saben que estamos condenados a vencer, y que si han de pagar ese precio, el pueblo no olvidará sus nombres, sus caras y sus historias, que el mundo entero sabrá que jamás se plegaron a las exigencias del opresor, y que otros tomarán el testigo de su lucha.