Corresponsal en València
Los habitantes de varias comarcas valencianas y catalanas recibieron en sus teléfonos móviles el aviso de alerta roja dictado por la AEMET (Agencia Estatal de Metereología) el pasado 28 de septiembre. La alerta roja se decretó también en otras provincias, y se decretó por el riesgo extremo de lluvias, inundaciones y vientos peligrosos. Los habitantes de l’Horta Sud (comarca valenciana afectada por la DANA del 29 de octubre de 2024) acogieron la alarma con miedo y nerviosismo, esperando que no se repitiera la tragedia que hace casi un año afectó a cientos de miles y más de 228 víctimas mortales.
Para los vecinos de l’Horta Sud, hay dos diferencias sustanciales entre la DANA de hace casi un año y la de este lunes y martes. La primera, es que esta vez el Estado sí avisó con la suficiente antelación (el año pasado se aviso llegó a las 20:11h, muy tarde porque ya había gente ahogada cuando sonaron las alarmas). Esto permitió que los vecinos pudieran mentalizarse y prepararse dentro de sus posibilidades.
Vicent Císcar, alcalde de Paiporta, viene a decir que, esta vez, se han hecho las cosas bien. Declaró que “el alcantarillado ha respondido a los 96 litros«. Los políticos locales de los distintos pueblos sacan pecho y tratan de llevarse el mérito de que sus municipios no se hayan inundado. La realidad es que no se han inundado porque el Barranco del Poyo no se desbordó, y no por el buen trabajo de los alcaldes y concejales de turno. No ha habido reconstrucción ni prevención ninguna en estos 11 meses desde el 29 de octubre de 2024. Podría haber sucedido otra tragedia si el clima hubiese actuado de otra forma.
Los políticos definen estas palabras como fatalistas. Eso muestra hasta qué punto están desconectados con la realidad de sus paisanos. Los vecinos, a través de sus redes sociales y de las distintas organizaciones populares, vienen denunciando que la infraestructura de los pueblos no está preparada. No ha habido ninguna reconstrucción. Lo poco que hay, lo han arreglado los vecinos al margen de las instituciones.
Son muchos los problemas: mal aparcamiento, retrasos en el transporte público, mala y poca atención sanitaria, parques infantiles y lugares de ocio aún sin arreglar, barracones en vez de colegios, y un largo etcétera. Pero el problema más urgente es el mal estado del alcantarillado. Después del 29 de octubre de 2024, el barro se solidificó en la red de alcantarillas, evitando que cumpla su función de desagüe. Allá donde se ha picado y retirado el barro, las alcantarillas pueden retirar agua de la calle. Allá donde no se ha picado, sencillamente las alcantarillas no chupan como dicen los vecinos. Los vecinos de Aldaia denunciaron esto tras una nueva inundación en sus calles:
La mayoría de los Ayuntamientos comenzaron a picar el suelo y retirar el barro en primavera y verano. Aún hay muchas alcantarillas taponadas. Como decimos, a pesar de que esta vez la alarma sonó, si el Barranco del Poyo se hubiese desbordado las consecuencias hubiesen sido igualmente trágicas. Una vecina dijo al respecto: “tengo más miedo de la gestión que de las lluvias”.
Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar, declaró que “la reconstrucción lleva tiempo”. Lógicamente, los vecinos se preguntan: ¿hace falta 10 meses para desembozar las alcantarillas? ¿Hay que empezar a construir los barracones dos semanas antes de la vuelta al cole? No es de extrañar que los vecinos quieran participar (y dirigir) en reconstrucción de lo pueblos.
Hablamos de los colegios de Massanassa, Alfafar y Catarroja en un artículo previo. Los políticos locales, siempre más cerca de las multinacionales de su polígono que de sus paisanos, trataron a los vecinos de paranoicos cuando decían que los barracones se iban a inundar.
Para sorpresa de nadie, llovió y ahora el patio es una piscina de barro.
Los beneficios económicos sobre la vida: de nuevo, hay que ir a trabajar en alerta roja
El Estado no se puede permitir una ola de rebelión como la que azotó a todo el Estado los primeros meses de la DANA. Prefiere curarse en salud y ahora sí comunicó la alerta roja con antelación. Incluso la Policía Local y Guardia Civil patrullaron las calles de los pueblos afectados por si había algún despistado que no se había enterado de que había alerta roja, para avisarle.
La agilidad de esta alarma demuestra la ineptitud de la anterior. Evidencia lo sencillo que hubiese sido hace 11 meses. ¿Qué dice el gobierno para justificar una mayor movilización de fuerzas de emergencia? Que en el 29 de octubre de 2024 no hubo preemergencia, y ahora sí. Esto se ha demostrado como falso y un bulo… ¡promovido desde el propio gobierno!
La imagen que se quiso proyectar, de manera casi desesperada, era que “ahora se está haciendo bien y hemos aprendido la lección”. ¿Y los protocolos de emergencia en las empresas? ¿Y los planes locales de actuación? Las autoridades instaban a evitar desplazamientos innecesarios y cortaban carreteras que tenían riesgo de inundación. Y sin embargo, muchos vecinos tenían que ir a trabajar. ¿De qué prevención hablan?
Juan Roig, intocable por los medios, ha repetido la imagen de la vergüenza. Recordemos como durante los peores momentos de la riada se obligó a los trabajadores de Mercadona a permanecer en tiendas que eran trampas mortales, y sus camiones de reparto obligados a circular en carreteras inundadas. Los medios de comunicación pixelaban el logo de Mercadona de los vídeos, no fuera a ser que alguien cuestionase la moral del “ejemplar empresario” Juan Roig.
Por supuesto, el problema no es solo de Mercadona. Patronal, el Gobierno y la dirección burocrática y amarilla de los grandes sindicatos (CCOO y UGT) se confabulan para negociar a espaldas y contra los trabajadores. Estos tres actores del llamado diálogo social se ponen de acuerdo para defender a las grandes empresas como Mercadona.
Estos tres actores declararon que habían negociado no ir a trabajar en alerta roja, pero hecha la ley hecha la trampa: el Real Decreto-Ley 8/2024 del 28 de noviembre de 2025. Según esta norma, los trabajadores tienen derecho a faltar hasta 4 días (pagados) al trabajo por la Alerta Roja u otra anomalía climática. Pero a pesar de esto, la misma ley no establece ningún criterio para las empresas. Se deja a la voluntad del trabajador faltar al trabajo (¡se le permite renunciar “voluntariamente” a sus derechos!) y se deja a voluntad del empresario cerrar ese día.
El impacto de la normativa es nula o casi nula. A nadie se le escapa que hay una relación de poder y desigual entre el empleado y el empresario. Si el empleado decide no ir por alerta roja, y no hay un movimiento sindical fuerte, lo que ocurrirá es que muy seguramente sea despedido cuando acabe la alerta roja. Y en el mejor de los casos, el empleado “solo” será castigado con peores turnos, reducción de horas, acoso laboral, etc.
La dirección burocrática de los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), cada vez más traidora -no olvidamos que no se sumaron a la huelga del 29 de mayo contra Mazón-, no ve ninguna irregularidad. Critican tímidamente a las empresas pero no hacen nada para cambiarlo.
La lista de la vergüenza es tan larga como en la DANA. Durante la noche de alerta roja repartidores de GLOVO, Uber y Just Eat han repartido en patinete, bicicleta y moto; cadenas de comida rápida que no cerraron como Burger King, Domino’s, Vips, McDonalds, Foster’s Hollywood se hincharon esa noche del domingo a vender a domicilio; muchos han abierto la mañana del 29 cuando lo peor estaba por llegar; otros han cerrado demasiado tarde obligando a sus trabajadores a regresar a casa bajo la lluvia; etc.
Por unos Planes de Emergencia verdaderamente efectivos
El “ahora lo hemos hecho mejor porque hemos aprendido” es una gran mentira mediática. La vida se sigue poniendo en riesgo para que las ganancias de las grandes empresas no bajen ni un céntimo. Sucesos como estos no dejan de ser evidencias de cómo el Estado español es una dictadura de las grandes multinacionales contra los trabajadores.
La salvación del pueblo depende de sí mismo. Ya se demostró con los voluntarios, pues fueron ellos y no la policía o el ejército, quienes salvó a miles. “Solo el pueblo salva el pueblo” es una consigna que resume muchas verdades, y no demagogia como dicen los alcaldes y concejales de turno. Dicen eso porque sus privilegios y su forma de vida se pone en entredicho.
Los vecinos de l’Horta Sud exigen un Plan de Emergencia efectivo. Cualquier Plan de Emergencia que hagan los ayuntamientos, servirán a las grandes empresas y no a los trabajadores. Los vecinos deben participar y dirigir a reconstrucción para que la vida, y no los beneficios económicos, sea el centro de todos los planes.
